GESTIÓN DE RESIDUOS INERTES ADECUADOS SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA
GESTIÓN DE RESIDUOS INERTES ADECUADOSSERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA

Introducción

La actividad minera conlleva un impacto ambiental y paisajístico sobre el medio natural, que requiere la intervención pública para fijar un marco normativo que permita compatibilizar ambos.

El concepto de aprovechamiento engloba el conjunto de actividades destinadas a la explotación, preparación, concentración o beneficio de un recurso mineral, incluyendo las labores de rehabilitación del espacio natural afectado por las actividades mineras, de acuerdo con los principios de desarrollo sostenible y de la minimización de las afectaciones causadas por el laboreo de las minas.

De hecho, la legislación sectorial a desarrollar debe estar imbuida de una filosofía protectora del medio ambiente, cuyo thelos es que la obtención y el beneficio de un recurso natural, como son los recursos mineros, sólo debe comprometer en la menor cuantía posible la afectación al medio ambiente. Además, actualmente existen numerosas tecnologías de aplicación en la práctica minera que permiten la rehabilitación de los terrenos afectados por el laboreo, mejorando incluso las condiciones iniciales para su uso. La necesidad de guardar el preciso equilibrio entre la obtención de recursos naturales y la práctica de tecnologías de rehabilitación de entornos obliga al estudio particular de cada caso, con objeto de ponderar las numerosas y muy diversas circunstancias que concurren en cada explotación y los requerimientos que se derivan de las características de su entorno natural, variables de un lugar a otro.

 

Historia en España

Ya en 1982, se promulgó el Real Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, sobre restauración del espacio natural afectado por actividades mineras, en el que la protección y conservación del medio ambiente afectado por las labores mineras fueron prioritarias. Este real decreto se desarrolló según Orden ministerial de 20 de noviembre de 1984 y se complementó con el Real Decreto 1116/1984, de 9 de mayo, sobre restauración del espacio natural afectado por las explotaciones de carbón a cielo abierto y el aprovechamiento racional de estos recursos energéticos, desarrollado por Orden del Ministerio de Industria y Energía de 13 de junio de 1984, sobre normas para la elaboración de los planes de explotación y restauración del espacio natural afectado por las explotaciones de carbón a cielo abierto y el aprovechamiento racional de estos recursos energéticos.

Posteriormente, la Directiva 2006/21/CE responde a los objetivos de la política comunitaria de medio ambiente, según la cual es necesario establecer requisitos mínimos para prevenir o reducir en la medida de lo posible cualquier efecto adverso sobre el medio ambiente y la salud humana derivado de la gestión de residuos de industrias extractivas, tales como son los estériles de mina, gangas del todo uno, rechazos y las colas de proceso e incluso la tierra vegetal y cobertera en determinadas condiciones, siempre que constituyan residuos tal y como se definen en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

Todo ello de conformidad con el apartado 24 del Plan de aplicación de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible, aprobado en el marco de las Naciones Unidas en la Cumbre Mundial del año 2002, según el cual es necesario proteger los recursos naturales que son la base del desarrollo económico y social e invertir la actual tendencia hacia la degradación de los recursos naturales gestionando la base de tales recursos de modo sostenible e integrado.

La Directiva 2006/21/CE exige la rehabilitación de las zonas donde se hayan situado las instalaciones de residuos mineros, al igual que la legislación minera española preexistente.

A causa de la naturaleza especial de la gestión de los residuos mineros, es necesario introducir procedimientos específicos de solicitud y concesión de autorizaciones, integrados en los existentes, en relación con las instalaciones de residuos utilizadas para recibirlos. Además, se han tomado las medidas necesarias para garantizar que las autoridades competentes vuelven a considerar las condiciones de autorización de forma periódica, en caso de ser necesario.

Finalmente, se ha garantizado que, de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre el acceso a la información, la participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, de 25 de junio de 1998 (Convención de Aarhus), el público sea informado de toda solicitud de autorización de plan de restauración que incluye el plan de gestión de residuos y que el público interesado sea consultado previamente a la concesión de una autorización del plan de restauración.

 

Objetivo

Las disposiciones legales aprobadas tienen por finalidad garantizar que las entidades explotadoras del sector de las industrias extractivas toman todas las medidas necesarias para prevenir o reducir en la medida de lo posible los efectos reales o potenciales negativos para el medio ambiente y la salud de las personas como consecuencia de la gestión de los residuos mineros en particular y de la actividad minera en general.

También se asegura que tales entidades elaboren planes apropiados de gestión de los residuos para la prevención o minimización, el tratamiento, la recuperación y la eliminación de residuos mineros. Estos planes deben estructurarse de forma que aseguren la planificación adecuada de las opciones de gestión de los residuos con vistas a minimizar su generación de residuos y su nocividad y a fomentar su recuperación. Además, los residuos de las industrias extractivas deben caracterizarse según su composición para garantizar que, en la medida de lo posible, reaccionen solamente de forma previsible.

Es necesario señalar claramente los requisitos que deben exigirse a las instalaciones de residuos mineros en cuanto a su ubicación, explotación, seguimiento, cierre, clausura y medidas de prevención y de protección que deben tomarse contra todo daño al medio ambiente, desde una perspectiva a corto y a largo plazo, y más especialmente contra la contaminación de las aguas subterráneas por la infiltración de lixiviados en el suelo. Es necesario definir claramente las clases de instalaciones de residuos utilizadas para los residuos mineros, habida cuenta de los efectos probables de la contaminación resultante del funcionamiento de esas instalaciones o de accidentes que impliquen la fuga de residuos de la instalación.

La entidad explotadora está obligada a constituir dos garantías financieras o equivalentes para asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en el plan de restauración autorizado.

La primera garantía financiera o equivalente está destinada a asegurar que la entidad explotadora pueda hacer frente a las obligaciones derivadas de la autorización del plan de restauración en lo que respecta a la explotación y a las instalaciones de preparación, concentración y beneficio de los recursos minerales. Esta garantía financiera o equivalente debe ser suficiente para cubrir el coste de rehabilitación, por un tercero independiente y convenientemente cualificado, de los terrenos afectados por la explotación y las instalaciones de preparación, concentración y beneficio asociadas.

La segunda garantía financiera o equivalente está destinada a asegurar que la entidad explotadora puede hacer frente a todas las obligaciones derivadas del cumplimiento de las condiciones impuestas en la autorización del plan de restauración para la gestión y la rehabilitación del espacio natural afectado por las instalaciones de residuos mineros, incluidas las relacionadas con el cierre y clausura de las mismas. Esta garantía financiera o equivalente debe ser suficiente para cubrir el coste de rehabilitación, por un tercero independiente y convenientemente cualificado, de los terrenos afectados por las instalaciones de residuos, incluidas las instalaciones de residuos en sí mismas, tal y como se describe en el plan de gestión de residuos. Esta garantía se establecerá antes del inicio de las operaciones de vertido en las instalaciones de residuos mineros y se ajustará periódicamente.

 

Comunidad Valenciana

Sin embargo, y pese a que la administración con responsabilidades en materia de minería inició hace ya unos años el desarrollo de programas de ayudas para la restauración en «huecos» anteriores a la entrada en vigor del indicado Real Decreto 2994/1982, hay que reconocer que el sistema regulado mediante esta norma no ha dado los frutos que la misma perseguía, como muestra el hecho de que en la actualidad es posible constatar la existencia de explotaciones en las que han cesado los trabajos de explotación sin que su restauración se haya visto acometida.

En este sentido, la Comunidad Valenciana redacta un Decreto donde establece unos criterios de ordenación ambiental para las explotaciones mineras a desarrollar sobre espacios forestales de la Comunidad Valenciana. Estos criterios son planteados desde una perspectiva global, a fin de que los mismos sean tomados en consideración por los titulares de la explotación, tanto antes de acometer ésta como durante y después de la finalización de los trabajos en un tramo determinado o en el conjunto de la misma.

Con la aprobación del Decreto 82/2005, de 22 de abril del Consell de la Generalitat, de Ordenación Ambiental de Explotaciones Mineras en Espacios Forestales de la Comunidad Valenciana se introduce la tramitación de los Planes de Restauración Integral (en adelante P.R.I.), como parte del nuevo procedimiento de otorgamiento del Derecho Minero.

En concreto, el Decreto 82/2005 en el punto 2 del artículo 9 dice “Con carácter previo a la Declaración de Impacto Ambiental y a la solicitud de la Consellería competente en minería, el órgano competente en materia forestal emitirá, en el plazo de dos meses, un informe al Plan de Restauración Integral a los efectos de garantizar, con los trabajos de restauración proyectados.....”.  Adicionalmente, el Decreto, establece mecanismos, como el de la fianza, tendentes a garantizar la futura ejecución del P.R.I., o la elaboración de un inventario de explotaciones, que permita la consulta y actualización ágil de los datos.

El Decreto es de aplicación para todas las nuevas actividades mineras que se pretendan implantar sobre terrenos forestales  y para todas aquellas que estuvieran vigentes con anterioridad al Decreto, pero que inicien trámite de ampliación de la actividad, tanto en el tiempo como en el espacio. Así mismo, establece un período transitorio de dos años, pasado el cual, todas las actividades mineras vigentes, en Montes de Utilidad Pública (en adelante M.U.P.), deberán haber presentado y tener aprobado su P.R.I. correspondiente.

 

Procedimiento para su tramitación.

De manera esquemática se representa el procedimiento de tramitación de los Planes de Restauración integral minero, recogido en el Decreto 82/2005, y enmarcado en el resto de trámites ambientales que conlleva la aprobación de un Plan de Explotación Minero.

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